I. Los relativos a la legislación en materia de procuración social a indígenas;

II. Promover y procurar que los programas de las dependencias y entidades del sector público contengan acciones de integración social en beneficio de los indígenas;

III. Los vinculados con el respeto a las culturas, usos y costumbres indígenas en el Estado;

IV. Los relativos a la procuración, administración de justicia y respeto a los derechos humanos de los indígenas; y

V. Los demás análogos que, a juicio del Presidente del Congreso o de la Comisión Permanente, en su caso, le sean turnados.